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Locales / 03-10-2010

Aumentan en Paraná la aplicación de los juicios abreviados en causas penales


Incluso es utilizado en condenas que superan el tope de seis años


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El juicio abreviado empezó a ser utilizado desde 2009, si bien rige desde 2003 - Foto: El Diario

El juicio abreviado empezó a ser utilizado desde 2009, si bien rige desde 2003 - Foto: El Diario

Una docena de causas penales fueron resueltas en los últimos seis meses por juicios abreviados en la jurisdicción de Paraná. Si bien desde 2003, a través de la Ley 9.525, está vigente en la provincia ese instituto, su aplicación —por lo menos en la Cámara Penal y en los Juzgados Correccionales de Paraná—, es relativamente nueva, remontándose el primero de los casos en noviembre de 2009 ente un hecho de robo calificado por uso de arma de fuego. Además, no sólo se aplica en delitos cuyas penas no superen los seis años, como dice la ley de creación: se lo utiliza en causas cuya condena excede largamente ese tope. Siguiendo ese camino de abreviar procesos, en el primer semestre de 2010, fiscales y abogados defensores “pactaron”, previo reconocimiento de la autoría del delito por parte de los imputados, no llegar al debate en un juicio oral y público y, en consecuencia, “acordaron” la pena de aplicación para los acusados. Por ese instituto, sólo en la Sala I de la Cámara del Crimen, se suspendieron a escasos días de fijado la fecha del debate una docena de causas, cuyos delitos eran, entre otros: estafa reiterada a la Administración Pública; abuso sexual agravado; robo calificado con lesiones graves, por uso de armas; tenencia ilegítimas de arma de guerra y lesiones leves; y hurto calificado.

Si se considera la cantidad de causas resueltas por el juicio abreviado, en la Sala Primera de la Cámara Penal, el número asciende en los últimos seis meses de 2010, a 21, debido a que un mismo imputado, tenía acumuladas más de una causa y, a la hora de aplicar la pena, se las unificó.

A lo largo de 2009 se habían resuelto por esa vía sólo dos causas.

Parecido y diferente

De acuerdo a los registros de la Cámara Primera Penal de Paraná, recién en este último año se incrementó de modo considerable el número de juicios abreviados. Entre febrero y agosto de 2010, la Sala I elevó 12 causas resueltas de esa manera, mientras que en 2009 la primera causa ingresada por ese sistema fue en noviembre, y al finalizar el año se realizaron tan sólo dos. Una por el delito de “robo calificado por uso de arma de fuego en su modalidad atenuada” (aquí el autor tenía otra causa por el delito de “robo en grado de tentativa”), y la otra, “por robo calificado por el uso de arma”. En el primer caso, se pactó una pena de tres años de ejecución condicional, mientras que en la segunda, se acordó —entre el fiscal y la defensa—, una pena de “seis años y ocho meses de prisión efectiva más accesorias legales”.

A diferencia de lo que sucede en un juicio oral y público donde intervienen todas las partes (fiscal, defensor, querellante si lo hubiera, y tribunal), en los juicios abreviados, la “negociación” es tan sólo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, previo reconocimiento del delito por parte del imputado. Toda negociación lleva implícita una “disminución” de la pena; es decir, un pedido de castigo menos severo que el que se le podría aplicar en la etapa del juicio oral y público.

“El juicio abreviado es un paliativo para, de alguna manera, solucionar la gran cantidad de causas que atosigan a los tribunales y que las estructuras humanas no dan abasto. Estas son soluciones, no ideales, porque lo ideal sería hacer el debate, pero se busca bajar el número de causas”, explicó, en diálogo con El Diario, el presidente de la Cámara Primera Penal, Hugo Perotti.

Es así que desde el inicio de la actividad judicial, después de la feria judicial de enero de este año hasta el mes pasado, en la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, se dejaron sin efecto 12 debates.

Por juicio abreviado se condenó, por ejemplo, a Gabriel Armando Massat, a quien se le aplicó una pena de nueve años y seis meses de prisión efectiva, tras haber admitido su responsabilidad en el robo y agresión, ocurridos el 11 de noviembre de 2008, en una financiera de calle Gualeguaychú, de la ciudad de Paraná, donde resultó gravemente herido quien fuera jefe de la Comisaría Segunda, Marcelo Clariá. El policía recibió, al intentar detener a Massat y a Roberto Ramón Rouggier, tres disparos de arma de fuego.
Pese a que en este hecho los dos autores reconocieron la autoría, a Rouggier, que se le imputó el mismo delito de “robo calificado con lesiones graves y por uso de armas” como a Massat, se le aplicó una pena de siete años y seis meses de prisión efectiva. Es decir, dos años menos que a Massat.

También, para casos de “estafa reiterada a la Administración Pública, en concurso ideal con falsificación”, como fue el delito reconocido por Graciela Susana Firpo, ex jefa de Despacho de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, se le aplicó el instituto del juicio abreviado.

En ese caso, el fiscal y la defensa, pactaron una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Previo al inicio del debate, Firpo reconoció haber depositado en su cuenta bancaria personal una serie de cheques (cuatro en total, por un monto de 445.866,18 pesos), que había entregado la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú para pagar deudas con el Estado.

Plazos

“El juicio abreviado se debe acordar antes de que se produzca el debate. Por una cuestión de criterio y de respeto a los testigos, nosotros hemos establecido que se debe informar a la Sala, sobre el acuerdo, unos días antes del inicio del juicio, como para de esta manera anular las citaciones. En rigor, el Código Procesal Penal de Entre Ríos establece un plazo, pero nosotros lo hemos ampliado”, explicó el presidente de la Cámara Primera Penal.

“Si bien no está instaurada la cultura del juicio abreviado, este instituto tiene como finalidad tratar de ‘limpiar’ la gran cantidad de causas que tenemos con fecha de debate”, acotó el camarista.

Claro que en los departamentos donde sí se aplica el nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos, la situación es distinta y son más las causas que tiene una resolución por la vía del juicio abreviado. Incluso, existe la posibilidad de que haya un acuerdo antes de derivar la causa a juicio, pero también está instituida la mediación para la resolución de conflictos.

Tal como lo establece la Ley 9.525/03, el acuerdo lo puede presentar, por escrito, tanto el fiscal como el defensor. “El imputado debe reconocer la existencia del hecho, su autoría y calificación legal, esos son los requisitos. Con el nuevo CPP, que rige en Concordia y regirá acá (en referencia a la jurisdicción Paraná) en 2012 se estipuló que el escrito sea firmado conjuntamente por el fiscal y el defensor. Por ahora, tal como lo fija la legislación vigente (la 9,525), lo puede presentar cualquiera de los dos y se corre traslado al otro para que acepte o no”, aclaró Perotti.

Instrucción

A diferencia de lo que sucede en la Cámara o en los Juzgados Correccionales, donde por juicio abreviado se puede “descomprimir las causas”, eso no sucede en los juzgados de Instrucción, donde se sigue produciendo el cuello de botella, ya que por turno ingresan un promedio de 500 causas, es decir, aproximadamente, unas 50 causas por día.

“Sin ninguna duda la gran falencia del sistema penal está en la primera instancia, es decir en la Instrucción. Con el nuevo CPPER, que posiblemente se aplique en esta jurisdicción en 2012, entra la mediación, que esperamos que dé buenos resultados, como lo está dando en Concordia. La mediación se intenta en el primer momento, incluso, antes de que se inicie la instrucción (con el nuevo Código, la investigación está a cargo del fiscal). El fiscal recibe la causa que elevó la Policía y ahí hace la primera evaluación, si manda ese caso a investigación o a mediación. No tengo cifras concretas, pero de acuerdo a lo que me han dicho, la mitad de los casos se derivan a la mediación y de esa mitad, es decir el 25 por ciento, se soluciona con audiencias de mediación”, detalló Perotti.

La querella

Como sucede con la suspensión de proceso a prueba (probation), en el juicio abreviado, tampoco la querella tiene participación. “Sólo interviene en el acuerdo el fiscal y el defensor. La querella no tiene facultad para negarse, porque hoy el monopolio de la acción lo tiene el fiscal”, explicó el presidente de la Cámara Primera Penal, Hugo Perotti.

No sólo se descomprime los tribunales, sino también se reduce al mínimo la posibilidad de ir en casación al Superior Tribunal de Justicia (STJ). “En la provincia no ha sucedido que un acuerdo de juicio abreviado haya sido casado, pero sí a nivel nacional, donde un tribunal tomó facultades extras sobre ese acuerdo”.

“El Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER) y el nacional, estipula un máximo de pena de seis años, pero nosotros hemos interpretado que ese máximo se puede perforar y hacerlo por una pena mayor. Esto lo hemos hecho en consonancia con el nuevo Código, que no tiene límites. En el viejo Código, estipula un límite, pero consideramos que, si hay conformidad entre las partes, puede ser abierto”, indicó.

Y puntualizó sobre la demora de la aplicación en la capital entrerriana: “En otras jurisdicciones de la provincia se comenzó a aplicar antes que en Paraná. Nosotros éramos reacios a su aplicación y recién el año pasado, en noviembre del año pasado, se dio por primera vez en la Sala I”.

“No se aplicaba por una cuestión cultural, porque viéndolo desde el punto de vista del defensor, la idea de los defensores es pelear hasta las últimas consecuencias por la absolución de su cliente y, desde el punto de vista del fiscal y el nuestro también, no nos habíamos adecuado a esta nueva alternativa”, sostuvo.

Respecto a por qué no tiene participación la víctima (querella), eplicó: “La equiparación de derecho que nosotros pretendemos entre la víctima y el imputado me parece que no tiene que alcanzar el grado de poder participar en la pena que se le debe aplicar al imputado. Además, la víctima no deja de ser subjetiva. Sí creo que se le debe dar participación en la reparación económica, sobre todo cuando se trata de derecho a la propiedad, en esos casos, sí. Pero en el caso de un homicidio no hay reparación posible y no hay víctima que no pida menos de perpetua y eso no es posible”.



Fuente: Análisis Digital




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