Coimas: En la Municipalidad creen que las denuncias son “la punta del iceberg”

Como “la punta de un iceberg con una trama y una dinámica mucho mayores” definió el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Paraná, Sergio Granetto, a la situación que dejaron al descubierto denuncias de comerciantes locales y del gerente de una cadena de supermercados por el cobro de coimas para no realizar inspecciones y la extensión de habilitaciones fraguadas, a las que se sumó una presentación por violencia y amenazas de muerte.

El funcionario transmitió la “definición clara por parte de la Intendenta de avanzar hasta las últimas consecuencias” e informó que fueron convocadas para el lunes las autoridades del Centro Comercial, del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y del Colegio de Abogados, dando cumplimiento a lo establecido en los decretos, en los que se dispuso también la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión de los agentes Justo Grandoli, Cristian Rivero y José Luna.

“No es un problema de la Municipalidad solamente, sino que necesitamos que los comerciantes se involucren y realicen las denuncias correspondientes”, instó el funcionario, al tiempo que manifestó la “fuerte voluntad política de esta gestión con líneas claras de transparencia y ordenamiento” y especificó que los operativos en los cuales se produjeron las situaciones denunciadas forman parte de un programa de fiscalización impulsado desde el organismo a su cargo en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente que encabeza Leonardo Centurión.

“El perfil de las medidas tiene que ver con, en una primera etapa, inducir a los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en materia de habilitaciones a través de la visita de los inspectores y de una tarea de concientización. Con esta disposición salieron los inspectores a la calle y se toparon con estas agresiones inaceptables”, puntualizó.

SISTEMA. Al igual que con los contratos de trabajadores que debían devolver parte de sus ingresos, los controles iniciados a comercios paranaenses llevan a la superficie un sistema de recaudación que una vez más involucra al gremio que conduce el diputado provincial Hugo Vázquez.
En ambos casos, el miedo hace que no se radiquen todas las denuncias. Pero a diferencia de las derivaciones del sistema de recaudación montado en base a los ingresos de trabajadores contratados, la perversión del mecanismo de habilitaciones -que debería velar por temas tan delicados como la seguridad de las edificaciones, la conservación de la cadena de frío o el tratamiento de los residuos, por mencionar solo algunos ejemplos- puede tener consecuencias inmedibles no solo para las partes directamente involucradas, sino para cualquier vecino de la ciudad.
Es por eso que desde la Municipalidad se quiere hacer notar que no es un tema que involucra solamente a las autoridades, sino que debe llamar la atención de ciudadanos, de comerciantes y profesionales que intervienen en los procesos de habilitación de un negocio. A la investigación judicial y a las instrucciones sumarias en marcha, se sumará una tarea tendiente a la revisión de los procedimientos que podría abarcar desde la renovación de la totalidad de sellos y credenciales que utilizan los inspectores hasta las modificaciones para que los trámites salgan por una única vía, lo que permitirá implementar un proceso eficiente de verificación y trazabilidad.




OPINIÓN

Impericia y perversidad
La Municipalidad de Paraná sigue deparando sorpresas; como si fuera poco saber que tiene el índice más alto de cantidad de empleados en referencia a la población y que ese proceso se aceleró notablemente en el último tramo de la gestión, cuando se hurga en el entramado político-administrativo-gremial que condujo el destino de esta capital hasta el 11 de diciembre, uno se encuentra (azorado) con administraciones paralelas, sistemas truchos de habilitaciones y licencias, vías de excepción en la compra de insumos, coimas, cohechos y un sinnúmero de irregularidades perjudiciales para el Estado municipal y, por ende, para los paranaenses en general.

En síntesis: en la Municipalidad de Paraná parece que hubo una fiesta con pocos invitados, los gastos a cargo de Juan Pueblo. Responsables: dirigencia política y gremial al servicio de una perversidad pocas veces vista.

El recorrido que se observa a partir del 11 de diciembre permite ver cambios interesantes; es explícito que hay una nueva relación entre el municipio y el gobierno provincial (bacheo, reconstrucción de trama urbana, gestión conjunta, uniformidad de visiones respecto al momento político, acompañamiento del propio gobernador y su primera línea de funcionarios, por citar sólo ejemplos a la vista), sumado a la fuerte inversión en infraestructura que tiene la ciudad y sus alrededores más la concreción de algunas obras importantes en corto y mediano plazo (borde costero y avenida Almafuerte) hacen pensar que no todas serán malas en el futuro.

Sin embargo y en paralelo, la ciudadanía se desayuna cada día con la interminable sucesión de hechos que rozan y transitan el camino de la corrupción, pero que en todos los casos responden al mismo patrón: connivencia del poder político con la dirigencia gremial.

Cuando José Carlos Halle se hizo cargo de la Intendencia a fines de 2007 con una gestión que finalizaba signada por el fracaso, el paranaense medio pudo pensar: “¿Qué cosa peor nos podría pasar en Paraná?, el futuro, aunque cueste, será mejor”.

Reeditar el cuadro de sueldos impagos, protestas en todas las reparticiones, calles cortadas, olor a goma quemada y el Suoyem volcando la basura en la puerta de la Municipalidad, es sólo comparable con la situación de 2001, los bonos federales y el fin de la gestión de Sergio Montiel.
Pero el asunto se enturbia cuando hay que comparar (de eso se trata) aquél momento con las ollas a presión que se encuentran hasta en los pasillos del municipio y dónde cada una significa actos que, por lo menos, rozan la ilegalidad.

Es sencillo definirlo, quizá no tanto explicarlo: una cosa es la impericia para manejarse otra muy diferente es actuar con perversidad manifiesta. Porque la impericia contiene un acto de torpeza por parte del que lo realiza (es grave para cualquiera, peor para un dirigente político), que generalmente no carga una mala intención, sino que se transforma en algo no deseado. En cambio la perversidad exige un comportamiento reñido con la moral desde su propio origen, es un salto cualitativo, hacia abajo, pero salto al fin.

Cómo puede explicarse que comerciantes que han actuado resguardando sus intereses hayan sido esquilmados en la práctica por funcionarios políticos y representantes gremiales, pidiendo dinero a cambio de hacer la vista gorda; o que actos administrativos se hayan registrado en formularios truchos que carecen de legalidad a la hora de constatación. ¿Es posible que esto ocurriera sin conocimiento de las autoridades?; el hijo más pequeño de la familia lo puede contestar.
A no equivocarse, hay autores materiales pero también autores intelectuales; un mecanismo de tanta perversidad no sale de la mente de abnegados trabajadores (la mayoría por supuesto); eso está reservado para unos pocos con facultades políticas, administrativas e intelectuales superiores al conjunto.

No se estará jugando el futuro, seguramente la mayoría de las cosas que envuelven nuestro diario comportamiento permanecerán dónde están, sin embargo se puede decir -sin temor al equívoco- que en el ámbito de la Municipalidad se viven instantes decisivos para saber si como pretenden algunos continuamos en la era de los cowboys, o la institución recupera la autoridad perdida en manos de quienes no trepidaron en “servirse” de la fiesta que llegó a su fin.

Pesadilla en el Club Social

Al bar que funciona en el tradicional lugar ubicado en la Peatonal de la ciudad llegaron el 27 de enero poco después de las 22, tres inspectores y el subdirector de la Agencia Fiscal Municipal (AFIM), Carlos Maisterrena. El joven funcionario -un contador que se sumó a la Municipalidad en la nueva gestión- quiso acompañar a los trabajadores para apoyarlos en la tarea encarada, sin imaginar las derivaciones que tendría su intervención.

Allí la tarea de contralor detectó que tanto la habilitación, los sellos y firmas que permitían el funcionamiento del local eran apócrifos. Los inspectores hablaron con el concesionario del bar, quien reaccionó llamando por teléfono a un hombre al que puso al habla con uno de los inspectores de Medio Ambiente, quien recibió la orden de dejar sin efecto el operativo.

Luego de la negativa, se produjo una acción que bien podría haber sido parte de una película de la mafia: los tres inspectores y el funcionario Maisterrena recibieron amenazas de muerte e intimidaciones por parte de dos empleados municipales que irrumpieron en el local gastronómico, donde a esa hora había varios clientes consumiendo en distintas mesas, que fueron testigos de la inquietante escena.
Los agresores fueron identificados como Cristian Rivero y José Carlos Luna, el primero empleado de Medio Ambiente y el otro de Alumbrado Público. En la denuncia realizada horas después en la Fiscalía 5 a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrull, Maisterrena relató que Rivero lo increpó y en tono de interrogación le dijo que “si no sabía de quién era el bar era un gil”, antes de abandonar el lugar.

Los testimonios refieren que la persona del otro lado de la línea, que envió a Rivero y Luna a amedrentar al personal que cumplía sus funciones, sería un ex funcionario de la repartición encargada del control comercial, actual directivo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) y verdadero dueño del bar.

La ingrata experiencia de Maisterrena tomaría dos días más tarde el cariz de una pesadilla: la inspección fue un viernes y el lunes a primera hora los agresores se presentaron en su despacho y reiteraron las amenazas de muerte.


La veterinaria y el supermercado

Otra situación que fue informada originalmente en sede policial -y por la que ya interviene el Juzgado de Instrucción Nº 7, a cargo de Elvio Garzón- involucra a dos funcionarios del área de Inspecciones Comerciales de la Municipalidad. Se trata del titular del área y uno de los inspectores de la repartición, acusados por el director regional de una cadena de supermercados.

Según quedó asentado en la acusación en sede policial, el 27 de enero se presentó una denuncia en la Comisaría Cuarta de Paraná, por parte del director técnico de la regional Entre Ríos de una cadena de supermercados con presencia en todo el país y la provincia.

En su exposición, el directivo relató que en los últimos meses de 2010 los locales “dejaron de ser inspeccionados por el personal habitual y comenzaron a ser visitados de manera insistente por dos funcionarios, Rubén Gastaldi y Daniel Grandoli, que “le solicitaban dinero a cambio de no labrarle multas, que comenzaron con 1.000 pesos mensuales, para luego subir a 2.500 y luego a 4.500 pesos”, aduciendo que eso “lo libraba de los controles” y que el aumento de la cuota “era porque lo tenían que repartir con el sindicato municipal”.

Quedó consignado en el acta policial que el modus operandi continuó hasta julio de 2011, cuando ante nuevos “pedidos de aumentos” directivos de la cadena lo instruyeron para “no pagar más”, por lo cual en los meses siguientes comenzaron a recibir numerosas inspecciones, todas negativas para la firma, que debió recurrir al Juzgado de Faltas, donde logró revertir en parte las situaciones creadas.

El directivo señaló que los sujetos siguieron presionándolo “para que pagara la cuota, manifestando que el dinero era para colaborar con el sindicato municipal y que, de no acceder a esto, el mismo sindicato lo atormentaría”. En uno de los últimos aprietes, luego de las elecciones de octubre, los municipales le recordaron con sutileza que “ellos seguirían a cargo de dicha dirección ya que eran funcionarios de carrera, por lo cual tenía que arreglar con ellos”.

En otra presentación, una veterinaria denunció en sede policial que el 6 de enero se presentaron en su negocio dos inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, quienes le aseguraron que le faltaba una habilitación sobre residuos patológicos, infracción por la cual la multa era de unos 2.000 pesos. “Es mucha plata, se puede arreglar por menos”, le propusieron, antes de decirle que tenía cinco días hábiles para corregir la situación. Si decidía comunicarse, debía hacerlo al teléfono del mismo Rivero que irrumpió en el Club Social.