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Locales / 08-03-2016

Ordenan a una obra social que pague por un by-pass gástrico


Una mujer de 33 años que padece obesidad mórbida demandó a Osecac para que le brinde cobertura integral de una cirugía bariátrica más el tratamiento nutricional y médico pre y post-quirúrgico. El fallo de la Cámara Federal advirtió que la paciente podría morir en caso de no recibir asistencia.


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La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ordenó a una obra social a dar una cobertura integral y en forma inmediata de una cirugía bariátrica (by-pass gástrico) para una mujer de 33 años que padece obesidad mórbida y presenta riesgo de vida. El tratamiento deberá ser cubierto en las condiciones en que la mujer lo reclama, es decir, con el equipo médico que la viene atendiendo desde hace tiempo, en una clínica privada de la ciudad de Paraná y la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) deberá dar cobertura total de las prestaciones pre y post-quirúrgicas que le sean indicadas a la paciente. 
El fallo insta a que la cirugía se realice en un plazo “perentorio e improrrogable” de 10 días hábiles posteriores a la notificación, lo que significa que la mujer debería ingresar al quirófano a más tardar la semana próxima. 
Los jueces señalaron que postergar o no realizar la cirugía “en debida y oportuna forma, implica un perjuicio a la salud y a la calidad de vida de la actora que violenta su derecho constitucional” y advirtieron la intervención permitiría “evitar problemas futuros” e incluso “el riesgo de muerte que la obesidad mórbida le imprime, como un determinante destino del cual no puede escapar”. 
Patología. María José nació en Villa Alcaraz hace 33 años, aunque vive en Paraná. Durante toda su vida ha luchado contra la obesidad, con un sobrepeso de 40 kilos que le ha impedido desarrollar una vida plena y cuyos efectos exacerban el riesgo y el desmejoramiento progresivo de su calidad de vida. 
El médico que la atiende señaló en un informe presentado a la justicia que la mujer es una “paciente obeso-mórbido clase tres” y que la enfermedad le ha generado “complicaciones médicas, psicológicas, sociales, físicas y económicas”. 
También consta en el expediente un informe que da cuenta de las repercusiones psicológicas que le han provocado el cuadro y revela que la afección se hizo más notoria durante la infancia y la juventud, y que en la actualidad le ha provocado secuelas físicas que ya que han pasado a ser limitaciones a la hora de desenvolverse con naturalidad en su vida. 
Su nutricionista contó además que la mujer ha realizado distintos tipos de tratamientos para bajar de peso, pero los resultados han sido infructuosos, y por eso le recomendó una cirugía bariátrica, que debería ser acompañada por un tratamiento nutricional pre y post-quirúrgico, como solución posible a la enfermedad. 
Pero entonces apareció la barrera que puso la obra social. Osecac se opuso a que sea el equipo médico que venía tratando a María José el que realice la cirugía, en una clínica privada de Paraná. En lugar de eso, la obra social ofreció que la mujer sea intervenida por un equipo de profesionales en la Capital Federal y propuso abonar el hotel y traslado para la afiliada y su familia. Ni siquiera un profesional de su cartilla de prestadores, extrañamente. 
No ha lugar. María José rechazó de plano la propuesta. Apeló al sentido común y explicó que era conveniente que la cirugía se realice con el equipo médico que la viene asistiendo, con el cual se encuentra en tratamiento y que sea practicada en Paraná, en virtud de los menores trastornos, tanto de desplazamiento como familiares. 
Su postura encontró eco en los jueces Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Daniel Alonso, de la Cámara Federal de Apelaciones. “La propuesta efectuada por Osecac puede ser útil y práctica para quien reside en la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en el presente caso es altamente complicada y, por lo tanto, arbitraria, más aún cuando la actora y todo su equipo interdisciplinario tratante solicitan que la intervención sea efectuada en Paraná”, expusieron en el fallo al que accedió EL DIARIO. 
Más aún, los magistrados señalaron que se trata de “un tratamiento en curso” y advirtieron que “el cambio de equipo interdisciplinario podría generar inconvenientes en el desarrollo y ocasionar efectos no deseados en el estado de salud del paciente”. 

Derecho humano a la salud 
El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones pone énfasis en el derecho humano a la salud del que gozan los ciudadanos y que ha sido reconocido por la Constitución Nacional a partir de los diversos pactos internacionales firmados por el país. 
En el caso de María José, el tribunal destacó que “la omisión de efectuar la intervención quirúrgica solicitada, en debida y oportuna forma, implica un perjuicio a la salud y a la calidad de vida de la actora que violenta su derecho constitucional” y advierte, además, que no se trata sólo de mitigar “los padecimientos actuales, sino de la importancia que tiene la intervención requerida para evitar problemas futuros”. 
El fallo hace hincapié en que “los médicos destacan las múltiples afecciones que padece hoy la accionante, pero lo que es peor aún, y mucho más grave, es el riesgo de muerte que la obesidad mórbida le imprime, como un determinante destino del cual no puede escapar” y, en ese marco, sostiene que “los jueces también debemos movilizarnos en el ámbito de la ‘jurisdicción preventiva’ (…) La tutela judicial preventiva persigue evitar daños cuando no se han producido o bien impedir mayores cuando algunos ya se han consumado. En el caso, la demandante padece hoy de obesidad mórbida y otras enfermedades conexas, pero su proyección de futuro y sus riesgos de salud se encuentran inmersos en la determinante visión de la fatalidad”. Así las cosas, concluyen los jueces, “no brindar una respuesta jurisdiccional favorable, oportuna y eficaz sería violentar los derechos constitucionales en detrimento de la salud del amparista”.



Fuente: El Diario.




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